Abogar por los derechos y garantías de las personas involucradas en causas penales, sean víctimas del delito o imputados. Procurar en cada caso una gestión seria, comprometida y eficaz. Custodiar la plena vigencia del Estado de Derecho frente al ejercicio del poder punitivo por parte de los órganos estatales predispuestos.
Reivindicar el prestigio y la importancia del rol del abogado en la sociedad a través de un esfuerzo perseverante y un ejercicio profesional que sea sinónimo de transparencia y dedicación.
Asumir el patrocinio en cada caso como si fuera el único. Procurar una solución pronta y eficaz al conflicto.
La gestión debe ser seria en el sentido de la sujeción al proceso y a la ley. El cliente debe estar informado de manera permanente sobre el marco legal y sobre los avances del caso.
Capitalizar en cada causa la trayectoria profesional y mi larga experiencia en distintas oficinas del Ministerio Público (Policía Judicial, Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico, etc.)
El rol del abogado penalista es con frecuencia cuestionado por el ciudadano lego, que no está en contacto con el universo jurídico. Esto obedece la más de las veces a que la opinión pública hace caer todo el peso de la moralidad sobre el hecho criminal, máxime cuando ha sido objeto de tratamiento periodístico.
Amén de estos prejuicios que en nuestra sociedad son moneda corriente, el rol de la defensa debe estar despojado de cualquier viso de moralidad puesto que la tarea del abogado penalista es hacer respetar derechos en función de hechos concretos acaecidos en una materialidad histórica determinada. Dicho de otro modo: si el imputado cometió o no el hecho que se le reprocha es algo que sólo él sabe, de hecho muchas veces en la práctica ni siquiera el abogado de confianza puede acceder a la verdad por boca de su cliente. Y si a ese hecho le cabe un reproche moral o de conciencia por parte de su ejecutor, tampoco es materia del trabajo profesional del abogado.
Lo que el abogado penalista debe saber y conocer son los términos precisos de la acusación y la prueba obrante en el expediente, debe controlar que el proceso penal sea impulsado de acuerdo a las formas que impone la ley de Rito, entre otras cuestiones.
Ahora bien, no podemos decir que el Derecho está desvinculado absolutamente de la moral puesto que el denominado ‘Bien Jurídico’ que el Estado busca proteger al castigar los distintos tipos de conducta que contempla el extenso catálogo de figuras delictivas se corresponde muchas veces con bienes que la sociedad coloca en su idiosincrasia moral.
De cualquier forma la relación entre Derecho y Moral excede ampliamente el objetivo de este texto, tanto que continuar sería ofender a las legiones de juristas y filósofos que han abordado el tema con la debida profundidad.
El rol del abogado penalista o defensor no es justificar el accionar de su cliente ni mucho menos utilizar ‘trampas’ o falencias en el sistema para tratar de lograr un resultado de impunidad sino por el contrario, el abogado es esencialmente un auxiliar de la Justicia y su servicio profesional consiste en asesorar al cliente que se ve señalado en el marco de una acción penal, explicarle los alcances de la acusación, los derechos que le asisten y tratar de que el proceso, que es impulsado por seres humanos y por lo tanto falible, sea un proceso justo y no arbitrario.
